MISMA CONSTITUCIÓN, NUEVOS CONTENIDOS

 

Publicado en Los Tiempos el 07/11/2019

Gobierne quien gobierne, una cosa va quedando clara, los hechos nos están demostrando que los símbolos de cohesión, tan afanosamente construidos desde el poder durante los últimos diez años, concretamente a partir del texto constitucional aprobado en 2009, muestran claros signos de agotamiento, prematuramente quizás, pues están dejando de funcionar como ejes articuladores entre nuestra recargada pluralidad y la necesidad de sentirnos, pese a nuestras diferencias, como parte de un mismo proyecto nacional, una ecuación sin duda delicada y difícil de instaurar, peor mantener.
 
Estos elementos de cohesión, al menos algunos de los más relevantes, se encuentran en el art. 1 de nuestra Carta Magna, precepto en el que se describe a la Bolivia imaginada por el legislador constituyente, como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, esbozando un constructo lingüístico sin duda complejo y no exento de ambigüedades y aparentes contradicciones, con inconsistencias y vacíos que deberán ser, al final, rellenados, de forma parcial y con alcance temporal, por el desarrollo jurisprudencial constitucional.
 
Esta base axiológica, que pareció funcionar medianamente bien hasta hace poco, desnuda hoy algunas debilidades tanto en el plano de lo técnico como en el político, puestas en evidencia por ciertos acontecimientos en los que se observa el resurgimiento de viejas fisuras en una sociedad nuevamente dividida –aunque es bueno aclarar que en realidad nunca dejó de estarlo– con símbolos y formas de liderazgos diferentes y, lo peor, con concepciones de Estado, sociedad y democracia cada vez más disímiles, aunque no irreconciliables.
 
Por un lado, preocupan de sobremanera las manifestaciones de racismo de uno y otro bando; por otro, están los cuestionamientos a la concentración del poder público, tanto en lo territorial, con demandas incluso de federalización, como en lo funcional, criticándose ácidamente el irrespeto a la separación entre poderes y órganos.
 
A ello se añade, con una fuerte intensidad, la variable generacional, cuyas demandas se discuten y transmiten por vías paralelas a los mecanismos de intermediación clásicos (partidos y plataformas), circulando bajo códigos que no pueden ser correctamente descifrados y peor procesados por un sistema hundido en formas decimonónicas de pensar y actuar.
 
En este contexto, nuestros chicos se han politizado y han asumido, a su manera, su rol histórico en el permanente y a veces no tan pacífico proceso de construcción y reconstrucción del espacio común, para ellos tan virtual como físico. Se han asumido a si mismos, por fin y felizmente, como parte del problema y, con ello, en un componente central para su resolución, siendo por demás curioso que aun habiendo sido formados –incluso nacidos– bajo la simbología mencionada, ahora la cuestionen descarnadamente, pues a más de haber sido gestada en “otro tiempo”, la sienten estrecha, ajena a sus anhelos y ambiciones, insuficiente en todo sentido.
 
En estas circunstancias, la ausencia de un norte de unidad nacional y reconciliación colectiva podría degenerar en formas cada vez más perversas, riesgos que bien podrían ser conjurados, según algunos, mediante una reforma constitucional, algo poco factible en las actuales circunstancias. Sin embargo, un aspecto sobre el que sí es posible trabajar en el corto plazo es en los contenidos constitucionales, actualizándolos mediante del desarrollo interpretativo desplegado por la jurisprudencia, ya que el texto constitucional es, por naturaleza, genérico, un entramado de valores, principios y disposiciones normativas del más amplio espectro, creadas con la pretensión de regular la ambivalente complejidad social, a veces con un grado menor de orden y coherencia que el deseado, razón por la que se ha delegado el Tribunal Constitucional Plurinacional la tarea de actualizar los contenidos de la norma fundante mediante sus fallos, sin necesidad del engorroso y no menos riesgoso proceso formal de reforma.
 
Lo anterior precisará, en primer término, que esta instancia jurisdiccional se encuentre técnicamente fortalecida y con una estructura interna a la altura del desafío, presta a abrirse a la revisión de sus líneas jurisprudenciales, sin temores y con el aplomo de quien conoce bien de su negocio, sin prejuicios ni temores, y sin mayores límites que los que emanan de la propia Constitución, sin extralimitarse.
 
Paralelamente, será también importante la concurrencia de una comunidad académica dispuesta a repensar, con criterio estrictamente científico, nuestro sistema jurídico y la forma en la que nuestra sociedad y nuestras instituciones sienten y entienden el derecho y la justicia, asumiendo una postura crítica respecto a todo, en especial a ciertas corrientes y modas pseudocientíficas que ingresaron a nuestro sistema hace poco más de una década, por diferentes vías.

Iván Arandia. Doctor en Gobierno y Administración Pública.