CIBER OBSERVADOR

Si concebimos a la corrupción pública como una acción estrictamente humana que transgrede, de forma consciente y responsable, normas legales y principios éticos, causando un daño al erario estatal que merece una subsecuente sanción, no será difícil concluir, siendo mesuradamente pesimistas, que detrás de cada funcionario público “humano” –ya entenderá el lector la razón del entrecomillado– se anida el germen de esta desviación, sea por necesidad o codicia, un dato que no es menor para la economía pública, considerando el ostensible crecimiento de nuestro aparato burocrático, en aproximadamente un 676% entre 2001 y 2013 de acuerdo a Soruco (2015).   Lo peor es que las medidas hasta hoy tomadas desde el poder formal han demostrado no ser eficientes y los mecanismos preventivos se han limitado, básicamente, a dos planos de acción concreta, el de la moral y la ética, por un lado, y el de los controles previos y la reingeniería de procesos administrativos, por otro.   En el primer plano, se